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Actualidad

07/11/19

Sueldos de funcionarios: disparidad y falta de información

A partir de unas inesperadas declaraciones radiales del presidente de la justicia entrerriana, se desató una polémica sobre los ingresos en los distintos poderes del Estado.
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Por Sebastián Martínez.
Periodista, Licenciado en Comunicación

“Yo considero que cobro poco”, dijo sorpresivamente el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Emilio Castrillón, en una entrevista radial en el programa “En el Dos Mil También” (FM Litoral), ante una simple pregunta por el ajuste salarial solicitado por los jueces de la Corte Suprema de la Nación que impacta en Entre Ríos por la “ley de enganche”.

Pero el Juez no se detuvo y siguió con el tema. “Yo lo único que quiero es cobrar lo mismo que un Director o Síndico de ENERSA o el Fiscal de Estado. Yo cumplo una función más importante que el representante jurídico del gobierno. Estoy bastante atrasado y con este incremento sigo atrasado”. O el ex legislador tenía mala información o su mensaje tenía otras intenciones. Un vocal del Superior Tribunal de Justicia tiene una remuneración de $458.000 de bolsillo, algo más de $570.000 en bruto. Ni el Gobernador, ni los Ministros, ni el Fiscal de Estado, que a veces pueden sumar ingresos con dos o tres ítems, alcanzan esos números.

“¿El vocal del Superior Tribunal de Justicia tiene que cobrar menos que un asesor jurídico del Estado? (…) Yo quiero eso. Si el gobernador decide que el personal que designa él, gane más que él, es un problema del gobernador, no mío”, continuó Castrillón.

Se ve que la política salarial en Entre Ríos preocupa al presidente del STJ porque ante las preguntas, respondió muy cómodo sobre este tema. “El gobernador debe ser el mejor remunerado –y en blanco- de la provincia de Entre Ríos. Si el gobernador quiere que haya funcionarios que ganan más que él, es un problema suyo".

También se quejó que el cargo implicaba incompatibilidad de ejercer el comercio, entre otras cuestiones, y cuando se le recordó que los jueces sí podían ser docentes y dar clases, retrucó “¿Clases de qué? ¿De $2,40?”.
Con larga trayectoria política, nadie desconoce que el ex legislador peronista de La Paz tuvo otras intenciones al decir lo que dijo. Emilio Castrillón puso la lupa en el Fiscal de Estado, en el Secretario Legal del gobierno, en el titular del EPRE y en todo el directorio de ENERSA. Y mandó a los periodistas a preguntar cuánto cobran los otros.
Eso hicimos.
Las declaraciones generaron un sinfín de reacciones y publicaciones. Análisis de distinta índole sobre la relación entre los poderes del Estado, licitaciones y hasta fondos para el financiamiento político que supuestamente andan en danza.

La lupa en los sueldos de la empresa provincial de energía no es algo novedoso. Ya fue objeto de pedidos de informe en la Legislatura, se coló en el debate de la última campaña para las elecciones del gobernador, hasta fue eje de un pedido de acceso a la información pública que terminó con un fallo dividido del Superior Tribunal de Justicia. La razón no estuvo, esta vez, del lado de los que prefieren ocultar información (ver “ENERSA, el caso testigo).

¿Pero qué pasa con los sueldos de los poderes públicos en Entre Ríos?

Paradójicamente, los sueldos más altos están en el Poder Judicial. Esto surge de los propios datos oficiales, como el informe mensual que publica la Caja de Jubilaciones sobres ingresos y egresos de los pasivos de cada sector.

Las palabras de Castrillón resultaron un boomerang para el jefe de la justicia entrerriana. Sumando los ingresos de todos los cargos que nombró en el reportaje, ninguno alcanza la suma mensual que se lleva la máxima autoridad de la Justicia. Una semana después de sus declaraciones, aclaró que no se presentará como candidato para repetir mandato.

Ingresos anuales millonarios. Compensaciones blanqueadas. Disparidad en los ingresos según la responsabilidad de cada función. “La verdad, está todo mal”, aseguran algunos dirigentes por lo bajo. “No puede ser que haya varios empleados del Senado que tengan sueldos más altos que el propio vicegobernador, ni funcionarios del ejecutivo que ganen más que el propio Gobernador”. En la teoría no debería ocurrir, pero ocurre.

El impacto en la Caja
La mayoría de los analistas de los números macroeconómicos de Entre Ríos, oficialistas y opositores, reconocen que el gran problema de las cuentas públicas provinciales es el déficit en la Caja de Jubilaciones y Pensiones.
ara el presidente del organismo, Daniel Elías, el problema es abonar una jubilación calculada sólo en base a los últimos 10 años de aportes, cuando en la primera parte de la carrera laboral ese agente tuvo un aporte medio o bajo. Eso, entre otras varias razones que no son objeto de esta nota (y que fueron ampliamente desarrolladas en la edición Nº 43 del mes de abril de 2018 de ésta revista), desfinancia al organismo.

Si repasamos el informe del mes de julio que publica mensualmente la Caja de Jubilaciones (Gráfico 2) vemos que las erogaciones más altas en el promedio en la provincia la tiene los ex empleados del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) con $187.446. Los siguen los jubilados de la Justicia con jubilaciones promedio de $167,966; luego el Tribunal de Cuentas con $142.543 y la Legislatura con $135.871.
Si contabilizamos la cantidad de beneficiarios, la Justicia tiene 1.292 jubilaciones en el mes de agosto de este año que representan el 2% del total del Sistema, pero que demandan 11% del presupuesto. Ahí se ve claramente el impacto de los altos sueldos en el esquema previsional.
Los jubilados del EPRE casi multiplican por cuatro el promedio de erogaciones por jubilaciones que hace la Caja Provincial, que se ubica en los $45.390. Justicia, Tribunal de Cuentas y Legislatura multiplican por más de tres.

Si además estos cálculos los comparamos con la jubilación mínima nacional que es de $12.937, a la que acceden la mayoría de los empleados del ámbito privado, las diferencias son escandalosas. Y estamos hablando de promedios. No de máximos.

También podemos ver la comparativa donde los jubilados judiciales se llevan más fondos que los municipales: $216 millones por mes los primeros, $180 millones los segundos. Los judiciales son 1.292, los municipales 6.637.

Los sueldos en el Ejecutivo
La Administración Central que administra el Poder Ejecutivo, no tiene sueldos tan altos como los otros poderes. Como podemos ver en el cuadro adjunto, el gobernador de la provincia tiene un salario de bolsillo de $119.200 ($148.000 en bruto). Hay varias cuestiones que se pueden decir del haber del primer mandatario entrerriano. Por ejemplo, no tiene permitido computarse antigüedad en el Estado, un ítem que suma en otros sueldos y lo que genera la anomalía que todos los ministros del gobierno ganen más que el propio gobernador y vice (ambos alcanzados por esta imposibilidad). Esto ocurre desde la gestión de Sergio Urribarri, quien excluyó al gobernador y vice de la posibilidad de computarse antigüedad.

Otra irregularidad ocurrió a partir de lo que se conoce como el “Fallo Montiel”, que significó la aplicación de la ley 8.620, sancionada el 27 de diciembre de 1991 y que sostiene que el sueldo de los ministros es “igual al de un vocal del Superior Tribunal de Justicia”. El del vicegobernador un 5% más y el del gobernador un 10% más. El ex gobernador radical pidió que se le aplique en su cálculo de la Pensión de ex gobernador esta legislación, que no se aplicaba a los gobernadores en curso. La Caja de Jubilaciones rechazó el expediente, apelación mediante y con fallo dividido, los vocales del STJ le dieron la razón a Montiel. Esto genera, por ejemplo, que un gobernador deja el poder y pasa a cobrar en su recibo de sueldo tres veces más de lo que ganaba en funciones. Para las arcas personales, en Entre Ríos conviene ser gobernador jubilado que reelecto. Una rareza más.

Esta anomalía surgió a partir del año 2008 en el que se comenzó a aplicar el criterio de establecer el sueldo de gobernador y vice a partir de la Ley de Presupuesto, con sanción de ambas cámaras y no aplicar el enganche que establecía la ley 8620. Esta lógica sigue hasta hoy.
Dentro del Ejecutivo hay varios funcionarios que ganan por encima del primer mandatario. Sólo por la aplicación del cálculo de antigüedad, la mayoría sobrepasa al gobernador. Otros lo hacen sin necesidad de computar esto. El Jefe de Policía ($151.000 en bruto), el director de ATER ($193.000), el presidente del Tribunal de Cuentas ($322.000 y con la antigüedad supera los 450.000 pesos), el presidente del COPNAF ($199.000), el director del Ente Portuario ($334.000 más la antigüedad), el presidente del IAFAS ($221.000, más la antigüedad).

¿Cómo se puede equiparar los ingresos del gobernador con lo que ganan otros cargos de los poderes del Estado?
Es una respuesta que tiene varias aristas. En el caso del Ministro de Economía o del propio Fiscal de Estado, tal como marcó Castrillón en sus declaraciones radiales, la compensación económica viene con otros honorarios por tareas específicas.

Los viáticos podrían explicar también algo de esto, aunque han quedado desactualizados con la suba de los costos de comer, viajar y hospedarse fuera de la provincia.

Además, los controles en los viáticos han mejorado en los últimos años. Todos los agentes hasta el nivel de secretario ministerial deben acreditar un viático con fotos tomadas desde los teléfonos móviles. Los niveles jerárquicos superiores requieren de la autorización previa de los ministros.

Hoy es más difícil que esos montos generen algunos excedentes. Mucho más si pensamos en los viáticos de un agente de escalafón, que totaliza $995 diarios y $1.492,50 en los casos que se aplica el 100%.

La respuesta a la pregunta inicial de este párrafo la debemos buscar por el lado de los “Gastos Reservados”. Fondos de libre disponibilidad que tiene el Poder Ejecutivo para distintas funciones, entre las que podemos inferir que exista alguna práctica que compense lo que el gobernador o su vice, no pueden percibir como ingresos acordes a sus funciones por otras vías.

Otras realidades, todas de seis cifras
En el Poder Legislativo la realidad es otra. Si bien no alcanza los valores de la Justicia donde un vocal cobra de bolsillo $458.000 pesos por mes, se ubican muy por encima de lo que gana el gobernador de la provincia y sus ministros.

Los municipios son otro de los ámbitos donde el manejo de los dineros públicos debe sumar transparencia. Y en este caso, no sólo el rubro sueldos, sino compras, licitaciones, gastos corrientes y demás. Por ejemplo, el municipio de Concordia dio un paso en este sentido. En su sitio web se pueden consultar todos los sueldos de las distintas áreas municipales. Haciendo dos clics podemos saber que el intendente de esa ciudad gana $173.257 en bruto y $117.658 neto al mes de septiembre. Un secretario municipal gana en promedio unos $135.000 en bruto y $105.000 de bolsillo.
El Concejo Deliberante de la ciudad de Paraná dio un buen paso en cuanto a transparentar información en su sitio web (algo de lo que ésta revista dio cuenta en su edición anterior), pero eligieron no publicar los salarios, ni de los empleados ni de los funcionarios y autoridades, por “cuestiones de privacidad”. Tarea pendiente para la próxima gestión.

El tema de los descuentos también marca algunas disparidades y merece un análisis en particular. En caso puntual del Poder Judicial están exentos del Impuesto a las Ganancias, lo que no es un detalle menor. Por ejemplo, un senador provincial paga $74.000 de Ganancias por mes, siendo este su principal descuento del recibo. Luego se le restan $53.500 de Jubilación, $10.000 de aportes al Iosper, $20.000 de contribución al partido del que son afiliados, entre otros ítems. Muchos funcionarios al ser consultados sobre sus sueldos esquivan la pregunta con un trillado “me descuentan mucho”. Ganancias, jubilación, aportes partidarios, créditos hipotecarios, hasta cuotas alimentarias se encuentran en este ítem, lo que hace difícil entender realmente cuando se habla de sueldos “de bolsillo”.

Sueldos altos bajo la mirada jurídica
En el fallo por el reclamo del ex gobernador Montiel, el vocal del STJ Bernardo Salduna asegura, al referirse a la “intangibilidad de los sueldos de los magistrados”, que la retribución del magistrado “impresiona como un superprivilegio y no como lo que efectivamente es: una garantía natural de la independencia del Poder Judicial”. Más adelante agrega, “Sin embargo, los sueldos de funcionarios del Poder Judicial no están ni pueden estar, aislados del contexto social”.

Otros jueces, como el propio Castrillón, han asegurado en sus fallos que esta cláusula, al ser extensiva a todos los empleados de la Justicia, hasta los “que no son profesionales del derecho”, ha desvirtuado “el origen y la finalidad” de la medida.

Desde el Poder Ejecutivo se viene buscando reordenar el tema de los contratos a personal por parte del Estado. En el último año se tomó la decisión de no realizar contratos nuevos. Sólo se realizan los pases de Contratos de Obras a Servicios, con antigüedad de un año a septiembre del 2015.

Entre Ríos ha sido reconocida por el CIPEC por la publicación de los datos sobre Presupuestos, Recursos y Ejecución. Ocupa los primeros lugares junto con las provincias de Córdoba, Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires. Así también ha cumplido con la transparencia de datos según la Ley de Responsabilidad Fiscal. Aún falta dar algunos pasos para sumar más ítems a este rubro.

Más allá de los sueldos también es válido analizar la cantidad de personas que los cobran. ¿Cuántos cargos por fuera del escalafón existen en cada ministerio? Además del gobernador y el vice, en Gobierno y Justicia son 5: la ministro, tres secretarios y un subsecretario. En Gobernación son 24: ministro, 13 secretarios y 10 subsecretarios. En Economía, Hacienda y Finanzas hay 5: el ministro, tres secretarios y un subsecretario. En Salud son 6: la ministra, tres secretarios y 2 subsecretarios. En Desarrollo Social son 21: la ministra, 10 secretarios y 10 subsecretarios. En Planeamiento e Infraestructura son 7: ministro, dos secretarios y cuatro subsecretarios.

Luego le siguen el Ministerio de Trabajo (acéfalo) con 3 cargos, la Secretaría de Ambiente Sustentable (2), Secretaría de Justicia (2), Secretaría de la Producción (5), Turismo y Cultura (4), Legal y Técnica (1), Modernización (1), Comunicación (1), Consejo General de Educación (4), UADER (1), Corporación de Salto Grande (1).

En total hay 6 ministros, 46 secretarios de gobierno y 41 subsecretarios. Contando al gobernador y vice son 95 cargos.
En el Poder Judicial la realidad es otra: hay 111 jueces de Primera Instancia, 74 vocales y 192 Secretarios de Juzgados de Primera Instancia. En la Procuración son 116 los fiscales y funcionarios, y en el Ministerio Público de la Defensa otras 75 personas. Son 568 sueldos que promedian más de 300.000 pesos.

La Justicia tuvo que publicar sus datos
Luego del fallo adverso para ENERSA, la Procuración General de la Provincia también presentó los salarios que ganan los funcionarios y fiscales. El primer dato que surge de las planillas que se publicaron en el sitio web de la Fiscalía es que de las 116 personas que figuran sólo una cobra menos de $100.000 de bolsillo (“solo” $89.000 de sueldo neto), pero su haber en bruto supera los $382.000, por lo que podemos suponer que hay descuentos relacionados con cuestiones personales y/o crediticias.

Lo cierto es que el sueldo promedio en bruto de la Procuración General de la Provincia es de $281.945, muy por encima de lo que perciben, como sueldo, los principales cargos del Poder Ejecutivo.

Estos sueldos son similares al resto del Poder Judicial. Son salarios beneficiados con la “ley de enganche” con los sueldos de la Justicia a nivel nacional y además gozan del beneficio de estar exentos de pagar el impuesto a las Ganancias, para todas aquellas personas que hayan ingresado a trabajar antes del año 2017.

A los pocos días, el Superior Tribunal de Justicia también publicó lo que ganan los vocales y los principales funcionarios del poder judicial entrerriano. La información está publicada en su sitio web para sumarse a la movida de estas semanas, pero con algunas omisiones que parecen intencionadas: no figuran los montos por antigüedad que perciben los prestadores públicos. Por ejemplo, según la información publicada los vocales del Superior Tribunal de Justicia perciben $ 272.984 de salario. Pero si le sumamos la antigüedad, que en casi todos los casos llega al 100%, lo que cobran en mano son apenas $ 458.000.

Puede que los jueces supremos entiendan que difundir la información sesgada sea lo legal. Pero si quienes estudian e interpretan “el espíritu de las normas y la jurisprudencia”, recurren a estos mecanismos de omisión en el manejo de la información pública, las esperanzas de una real transparencia o de una justicia justa, se esfuman rápidamente.

“Ordenar los sueldos es una decisión política y profesionalizar las administraciones también”, aseguran algunos dirigentes. Ponen la lupa en los Entes Descentralizados de la Administración Central y empresas del Estado: Instituto del Seguro, ENERSA, Vialidad provincial, EPRE, Instituto Portuario. Aunque muchos recelan –por lo bajo-, de los sueldos de la Justicia y del Poder Legislativo.

La transparencia de los sueldos públicos es algo que parece imponerse en los tiempos que corren. Los velos se van corriendo de a poco y si hubiera verdadera voluntad política, deberían ser de acceso libre para todos los ciudadanos en pos de una mejor democracia republicana.
Las presiones públicas y jurídicas sobre algunos organismos hicieron que se conozcan los ingresos. Todo lo que se comentaba en la opinión pública sobre los abultados sueldos es cierto. Ahora con dos clics podemos saber cuánto gana un juez o un director de una empresa estatal. Aún falta ver mucha información, sobre cuánto ganan los legisladores y también sobre el estado patrimonial de los funcionarios y dirigentes políticos que han ocupado altos cargos en los últimos años. A modo de ejemplo. ¿Puede hoy un ex ministro provincial contar con 19 propiedades a nombre de su familia? ¿Las tenía antes de asumir sus funciones? ¿Debe esto ser información reservada?

Los primeros pasos fueron buenos, pero insuficientes. Por información relevada para este informe, sabemos que en el corto plazo otros entes y organismos también publicarán todos los sueldos abonados con dineros públicos. El antecedente que los propios jueces difundan sus sueldos con la omisión de lo que perciben en concepto de antigüedad no es una buena señal. “Hecha la ley, hecha la trampa” dice el refrán popular. Pero aquí lo grave no es solo el antecedente, sino quién hace la trampa.
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