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Actualidad

24/09/18

Sueldos públicos y privados, la grieta de la que no se habla

Las remuneraciones que se perciben en los sectores públicos y privados cada vez distorsionan más el mercado laboral y generan una tendencia en la cual el Estado es el lugar ideal para trabajar, con pocas horas y menos exigencias.
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El empleo privado y el empleo público se diferencian sustancialmente en cómo se compone el financiamiento de cada uno. El sector público utiliza la recaudación impositiva, que proviene de todos los contribuyentes, para pagar la nómina completa de empleados en todos sus niveles. Por su parte, el sector privado depende de la venta de bienes y servicios que son el motivo de su negocio, o sea, su capacidad como empresa para generar los recursos necesarios que permitan cumplir con todas sus obligaciones: desde garantizar su normal funcionamiento, pagar los impuestos y, obviamente, los sueldos a sus empleados y directores.

Mientras que el financiamiento en el sector privado –al igual que la posibilidad de crecimiento en su estructura- depende exclusivamente de la buena dirección del negocio y sus resultados, el sector público ha demostrado que –tanto el financiamiento como la incorporación de personal- proviene (supuestamente) de una fuente inagotable de recursos, lo que devino con la sumatoria de los años en una presión fiscal histórica que amenaza la continuidad de varios sectores de la actividad privada.

La fuente de financiamiento no es la única diferencia entre un sector y otro. La propia legislación argentina –pensada y sancionada por el sector público-, se ha encargado de separar estos dos ámbitos laborales de manera tajante, convirtiéndola en una grieta que divide al empleo privado y al empleo público como en dos castas diferentes.

Mientras quienes se desempeñan en la economía privada son sujetos de derechos en el marco de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), quienes lo hacen en el sector público gozan de prebendas consagradas por la Constitución Nacional, otras leyes de distinto orden y hasta jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que les brindan privilegios que no existen en el ámbito privado.

En mayo de 2017, la Corte Suprema de Justicia falló en el caso Modorrán c/Administración Nacional de Aduanas y reivindicó el “derecho a la estabilidad” para los empleados estatales. La demandante había impugnado de inconstitucional el artículo 7 del Convenio Colectivo de Aduana. Dicho artículo disponía que si un agente era despedido sin causa justificada sólo tenía derecho a percibir la indemnización prevista en la LCT. En su fallo, la Corte establece que los estatales solo podrán ser despedidos mediante un sumario que acredite una causa y que debe respetarse la carrera administrativa. Es que en el Estado, a diferencia del sector privado, la carrera laboral no se da por mérito sino que es un derecho en sí.

La salida, despido o cese de prestación de servicio de un Agente Público, por más ineficiente que sea, es un camino dificultoso, por no decir casi imposible. Demás está decir que, siempre cumpliendo la Legislación vigente en cada Contrato de Trabajo, en el sector privado los despidos son posibles y de hecho ocurren. Incluso se lo puede tomar como un derecho de las propias empresas para depurar sus plantas de personal en favor del sostenimiento general del negocio.

Tampoco es similar la forma en que se accede al trabajo.
En el Estado, si bien constantemente se habla y proclama que el ingreso a planta está cerrado, o que de necesitarse la incorporación de un nuevo empleado, sería por un régimen de concurso con parámetros previamente establecidos acordes a la función a ocupar y a fin de evitar el avasallamiento, la imparcialidad o el oportunismo del funcionario político de turno, en la práctica nunca se cumple.

Para ingresar al mercado laboral privado, primero hay que cumplir los requisitos, segundo tener las capacidades que el puesto demanda y tercero y principal, la empresa debe haber provisionado los fondos con los cuales financiará y remunerará esa nueva función.

Muchos, demasiados.
El total de trabajadores registrados en Argentina a mayo de 2018 era de unos 12.300.000. De ese total poco más de la mitad lo hace en relación de dependencia en el sector privado y un cuarto en el sector público, en cualquiera de sus niveles. Es decir, cada dos asalariados del sector privado hay uno estatal. El crecimiento interanual mayo 2017-2018 para los privados fue de un 0,8% y para los estatales un 0,5%. El crecimiento del empleo público acompaña siempre al privado.

En Entre Ríos la cifra de asalariados privados para mayo de 2018 fue de 134.800 personas, mientras que los estatales escalaron a la cifra de 88.925. Es muy importante destacar que en este número cercano a los 90.000 no están incluidas las Sociedades del Estado (IAFAS, IAPS, ENERSA, SIDECREER, entre las más importantes), que sí conforman la nómina de empleos privados, por lo que la relación entre uno y otro es todavía menor a la que se muestra en los números.

Caros
A nivel nacional, en el mes de mayo los asalariados privados tenían una remuneración neta promedio de $ 29.476 mientras que, desafortunadamente, estos números del sector público no son conocidos de manera oficial.

En cambio, en Entre Ríos, algunos datos pueden conseguirse y ser más certeros.

Los sueldos brutos promedios que se desprenden relacionando las erogaciones en salarios y la planta de personal, son encabezados por el Poder Legislativo con $ 98.394, le sigue el judicial $ 95.835 y en tercer lugar la categoría denominada “Resto” (incluye a 353 agentes de Contaduría, Tribunal de Cuentas, EPRE y Puertos) con $ 85.641. En cuarto lugar se encuentran las Autoridades Superiores y quienes están fuera de escalafón de la administración central: el IOSPER, Empresas Estatales y otros Entes con $ 64.338 de promedio.

En los números arriba mencionados existe una gran distorsión entres los cargos de mayor rango y los sueldos y cargos de menor jerarquía.
Si tomamos los cargos testigos del personal del Poder Judicial –uno de los sectores mejores pagos en la provincia-, un Escribiente con 5 años de antigüedad tiene un sueldo bruto de aproximadamente $ 34.200 con una carga laboral semanal de 30 horas. Para tener una remuneración similar en una empresa industrial entrerriana con similar antigüedad habrá que ser Ingeniero Junior de cualquier especialidad, pero trabajar entre 40 y 44 horas semanales (casi un 50% más).

Otro cargo que tiene jugosa remuneración en la Justicia entrerriana es el “Jefe de Despacho”, máximo cargo administrativo, que contando con 20 años de antigüedad y una dedicación de 30 horas semanales, tienen un sueldo bruto promedio $ 88.144. Un cargo similar de segunda línea en RRHH en una empresa local, tendrá una remuneración bruta entre $ 30.000 y $ 40.000, sumando que ocho de cada diez personas que se desempeñan en dicha tarea tienen formación terciaria o secundaria, mientras que para acceder al escalafón judicial basta con ser argentino y mayor de edad, haber gozado de la estabilidad y acceder a los regímenes y sistema de promoción y ascenso.
El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos llamó a Concurso el pasado mes de mayo para cubrir el cargo de Jefe de la Oficina de Informática del organismo con una propuesta de remuneración equivalente al cargo de Secretario de Primera Instancia, es decir un sueldo básico sin adicionales personales de $ 69.817,64. En el sector privado de la región, quien se desempeñe en un cargo similar tendrá por sueldo bruto, es decir sumando adicionales, de $ 50.000.

Entre los peores pagos en el Estado son los agentes del Escalafón General. Lo publicado marca que en marzo de 2018 tuvieron –quienes se desempeñan en la “Categoría Inicial”- un sueldo bruto de $ 16.119,41 mientras que un empleado de comercio que realiza tareas administrativas en la Categoría más baja recibió a fin de mes una remuneración bruta de $ 20.695,08. La diferencia sustancial es que el empleado del sector privado trabaja entre 44 y 48 horas semanales mientras que el agente de la administración provincial cumplió con 30 horas en una semana, es decir que el primero trabajó un 60% más y su salario fue solo un 28% superior.

El Gobierno de Entre Ríos es accionista mayoritario de ENERSA. Gracias a concentrar el 70% de la distribución de la energía eléctrica en la provincia no tiene mayores problemas para trasladar los costos de su importante estructura operativa a las boletas de la luz. El EPRE es el organismo que se encarga de validar la estructura de costos y transformarlos en tarifa eléctrica que paga cada contribuyente, antes de impuestos. El escalafón de sueldos en la compañía eléctrica figura entre los más altos de toda la administración pública, al igual que las otras sociedades e institutos autárquicos que posee el Gobierno de Entre Ríos, como el Instituto del Seguro SA, SIDECREER SA, o SASFER. Y las menos conocidas como Salud Entre Ríos SE (que administra el Hospital de la Baxada en Paraná), y la Compañía Entrerriana de Tierras SE. Quedan unas últimas sociedades que figuran en los informes contables provinciales, pero poco se sabe de sus funciones actuales. Entre ellas están LAER SE y LAER SA y Hotel Internacional SA (que supo administrar el Hotel Mayorazgo cuando fuera estatizado en el año 2000), entre otras.

Otros entes con carácter de empresa que posee la provincia son el IAFAS y el Ente Interprovincial Túnel Subfluvial.

Los haberes tanto de las sociedades estatales como de institutos mencionados no son informados de manera pública y accesible por el gobierno provincial ni por las organizaciones sindicales que nuclean a los trabajadores de estas entidades. La excusa es que son empresas privadas (en verdad no lo son), pero sus empleados gozan de todas las prerrogativas constitucionales como cualquier empleado estatal.
Por no haber tenido acceso a los números específicos, solamente nombramos en el presente informe datos concretos o promedios. Demás está decir que los cargos más altos de la administración pública en los organismos descentralizados y empresas del Estado se conforman con seis cifras.

Solamente hay que pensar que si el promedio se ubica en el orden de los $ 90.000 en las tres primeras categorías, los sueldos más altos pueden hasta superar las dos centenas.

De acuerdo a las consultas realizadas para este informe con empresarios e industriales de diferentes sectores y de toda la Provincia de Entre Ríos, para un cargo como Gerente Comercial o Gerente de Ventas –uno de los puestos claves en cualquier organización y considerados de primera línea- la remuneración promedio mensual puede ubicarse en el orden de los $ 70.000 y llegar a un máximo en empresas líderes (con facturaciones superiores a los $ 500 millones) de $ 150.000. Para eso, también está demás decir, la dedicación del cargo es full time (o full life como reconocen en la intimidad), la cantidad de horas no cuentan y los niveles de responsabilidad frente a los resultados son determinantes. Y otra cosa, en la primera falla, la situación se complica para ese gerente.

Otro puesto estratégico para cualquier organización es el Gerente de Recursos Humanos, el encargado de velar por quienes ingresan a trabajar, capacitar y mantener un clima afable en la empresa, además de solucionar todos los problemas que de las personas emanen, entre tantas otras tareas que tienen a su cargo. El sueldo promedio se puede ubicar también en los $ 70.000 y llegar hasta los $ 90.000 en las empresas más grandes de la región.

En puestos de segunda línea de decisión, como puede ser un Supervisor de Sector, el promedio oscila $ 40.000, mientras que los mejores remunerados y acordes con su nivel de responsabilidad, pueden llegar como máximo a los $ 60.000 en las empresas más grandes de la región.

¿Eficiencia o ineficiencia? ¿Es lo mismo?
Quizás ésta sea la variable más difícil de medir y la más subjetiva. Pero es inevitable observar que la administración pública, en términos generales, acompaña con retrasos los avances que se dan en otras aéreas empresariales y laborales.

En el sector privado la respuesta es una sola: si no se es eficiente no se puede continuar. El mercado no lo permite.

En la administración pública, casi que da lo mismo. O al menos es lo que se trasluce en el funcionamiento diario de los servicios que brinda el Estado. Los Gobiernos han avanzado a paso lento y desparejo en adaptarse a los tiempos que corren. Muchos procedimientos mantienen las mismas características técnicas y procesos de hace tres a cuatro décadas. Pensar que en algunas aéreas todavía se siguen cosiendo expedientes puede sonar para algunos como extraño, e incluso para las nuevas generaciones nativas digitales toda una definición que no pueden entender.

Es imperiosa la necesidad de adaptarse a los tiempos que corren en el funcionamiento del sistema. Con una dotación de personal sobrevaluada es inconcebible que la atención horaria sea solo por la mañana. Hay gente para ampliar los horarios de atención y mejorarla, en la simplificación en términos burocráticos, en la apertura a nuevos procesos para mejorar la eficiencia.

Todo esto solo será posible si se da un giro absoluto en términos de cultura organizacional.

No se trata simplemente de crear un digesto en línea, un sistema de turnos o una guía de trámites digital que nos orienta a ciudadanos y agentes del estado solo para seguir haciendo las cosas “como se hicieron siempre”, de 8 a 12 y con turnos hasta las 11:30 horas.
Y, principalmente, el mal ejemplo viene de arriba.

Mientras quienes dirigen un gobierno se autoproclaman leyes que son prerrogativas para sus funciones, como fueros, privilegios o capacidad para contratar indiscriminadamente gente como asesores, entre otros tantos ejemplos que se pueden nombrar, es imposible pedirle a un empleado de carrera que no pretenda lo mismo.

El principal problema radica en el inicio de esta nota. ¿Quién y cómo se financia este descontrol que se ha desmadrado? Respuesta: los contribuyentes con una carga impositiva que es imposible de seguir soportando.

En algún momento de nuestra historia ser “Funcionario Público” era asumir una “carga pública” y esa persona estaba bien vista. Hoy la “carga” se transformó en un “medio de vida” y la carrera del agente administrativo quedó totalmente desprestigiada, cuando es un trabajo fundamental para el normal desarrollo y crecimiento de la sociedad.

Algo hay que hacer. Y es el momento de que la política se mire para adentro. Esta vez, en serio. No hay más margen.
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