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01/08/18

Financiamiento de la política, un debate que no se quiere dar

La agenda política entrerriana se mueve por estos tiempos entre una reforma electoral y la relación del narcotráfico con personas del poder. Ambos tienen algo en común y se relacionan con un tema tabú: cómo se financia la política.
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Para la constitución, los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Los partidos políticos son asociaciones privadas que cumplen una función pública trascendental en democracia, al ser instrumentos de representación política y de formación. Si bien en los últimos años asistimos a un proceso de “personificación” de la política y de frentes electorales, nadie duda que para una mejor democracia se necesita mejores partidos políticos.

La ley 23.298 que regula el funcionamiento de los partidos políticos data del año 1985, en los albores de la democracia alfonsinista. Una extensa ley que en sus 78 artículos nada dice sobre el financiamiento económico de las actividades.

A partir de la reforma constitucional del año 1994 los partidos políticos son reconocidos formalmente por la Carta Magna en su artículo 38. Los dos últimos párrafos se refieren al financiamiento: “El Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes. Los partidos políticos deberán dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio”.

Recién en el año 2002 se sancionó la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos (Ley Nº 25.600), reemplazada en 2006 por la ley 26.215, titulada de igual manera.

La normativa establece categorías sobre el aporte que pueden recibir los partidos políticos. Estos pueden ser públicos y privados. Los primeros se otorgan a todos los partidos reconocidos por la justicia, según su rendimiento electoral en cada elección. Son administrados por el Ministerio del Interior.

Los privados tienen algunas limitaciones sobre quienes lo pueden realizar y sobre los montos a aportar por cada uno. Por ejemplo, están impedidos de realizar aportes aquellos que exploten juegos de azar o empresas que sean concesionarias de servicios públicos o extranjeras.
El gobierno nacional esbozó públicamente un proyecto de reforma en 2017, pero no reunió los consensos necesarios para impulsar la ley. Sus objetivos principales eran la bancarización de los fondos para un mayor control, un registro en tiempo real, corregir la prohibición a aportar a empresas, personas jurídicas y físicas con topes y regulaciones pare evitar que las fuerzas políticas sean cooptadas por grandes empresas, un registro de proveedores para controlar el desarrollo de las campañas en la vía pública, entre otros aspectos.

Este es el escaso marco legal a nivel nacional.

En Entre Ríos hay menos certezas. En la Legislatura se presentó –sin suerte- un proyecto de Ley en el año 2013, del fallecido diputado radical Agustín Federik. El diputado Jorge Monge (Cambiemos) presentó una iniciativa para regular los aportes de los funcionarios a los partidos, pero tampoco prosperó en las cámaras legislativas.

En recientes debates sobre la reforma electoral que impulsa el gobierno de Gustavo Bordet, participaron en el Senado representantes de todos los partidos políticos reconocidos provincialmente. Los expositores destacaron que la ley debe incluir el financiamiento a los partidos políticos, no sólo para las campañas sino también para el normal funcionamiento, tal como lo establece el sistema nacional. La propia ministra de gobierno, Rosario Romero al presentar el proyecto oficial reconoció este punto como una falencia: “Se podría agregar en esta norma, 5 o 6 artículos que instrumenten cómo financiar, cómo serán los aportes (por cheques, cuentas, qué montos) y establecer cómo deben ser rendidos y en qué plazos. Debe haber financiamiento provincial, aunque también estamos obligados a cuidar los recursos del Estado”, remarcó.

La ley Provincial 5170, es anterior a la reforma constitucional provincial del 2009. En sus artículos 30 y 31 marca algunos aspectos sobre fondos partidarios, contribuciones y rendiciones. En pos de una mayor transparencia en el manejo de los fondos económicos de los actores que hacen a la democracia, la dirigencia debe actuar rápidamente.

Modelos para regular estas cuestiones no faltan. Todos reconocen que es uno de los puntos que pueden acercar al proyecto de reforma electoral en una reforma política. El sistema necesita oxigenar sus prácticas: más transparencia, menos clientelismo, más acceso a la información, bancarización de fondos. El rol del dirigente político como “mediador territorial”, tan común en los últimos 30 años, lo convierte muchas veces en actor necesario de una red clientelar.

Esto se está viendo en la causa que la justicia federal analiza sobre la presunta relación de una banda narco con la comuna de Paraná. Un hecho que opaca a toda la política y pone en relieve uno de los puntos débiles de nuestro sistema democrático en la Argentina toda.
Lo que sucede hoy en realidad, es que al momento de las campañas aparecen los aportantes para cada espacio en los frentes más grandes. Muchas veces son empresarios amigos, legisladores y funcionarios con mayores ingresos. En los partidos pequeños, se arreglan sólo con los fondos estatales que marca la ley. Una desigualdad difícil de romper.

¿Cómo se financia la actividad partidaria cuando no hay elecciones? Aquí juegan un rol clave las “zonas grises” de las administraciones, las adscripciones cruzadas de personal, los contratos simulados por una supuesta prestación de servicio, etcétera. En definitiva, fondos de dinero estatales que se desvían mensualmente de sus objetivos originales. Gasto público.

Una realidad que sería muy distinta si nos animáramos a dar los debates a tiempo, para consolidar las instituciones de la provincia y poner a Entre Ríos a la altura que se merece. Y dejar de lado un tema tabú que tanto daña al funcionamiento democrático.
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