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Actualidad

12/03/18

La recaudación no para de subir y la capacidad de cumplimiento se desmorona

A nivel nacional la recaudación fiscal durante 2017 creció 29,2% mientras que en Entre Ríos esa cifra creció hasta el 40,2%.
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A nivel nacional la recaudación fiscal durante 2017 creció 29,2% mientras que en Entre Ríos esa cifra creció hasta el 40,2%. Además, los impuestos que están atados a las diferentes tarifas de servicios, combustibles, bebidas o cigarrillos acompañaron los incrementos de precios de esos productos en porcentajes muy superiores, donde están implícitos fondos para Nación, Provincias y Municipios. ¿Cuánto tiempo más se puede aguantar semejante presión impositiva? ¿Hay contraprestación de servicios? ¿El Estado ha comenzado a ser más eficiente?

La recaudación impositiva de la AFIP alcanzó durante todo el 2017 los $2.537,6 billones y representó un crecimiento del 29,2% en relación a 2016, inclusive ganándole a la inflación. Entre los principales ingresos, el IVA alcanzó los $765.336 millones con una variación interanual de 31,2%, mientras que por el Impuesto a las Ganancias el Estado Nacional obtuvo $555.023 millones con una variación interanual de 28,2%.

Si nos quedamos en Entre Ríos, la ATER recaudó en 2017 un total de $14.336,2 millones que implicaron un incremento del 40,3% en relación a 2016, superando ampliamente a la inflación. Si tomamos los dos últimos años, la recaudación de impuestos provinciales casi se duplicó y creció un 88%: de los 7.624,2 millones de 2015 a los 14.336,2 millones de 2017. ¿A dónde van esos recursos si los servicios y déficits son cada vez mayores?

Desglosando los principales impuestos provinciales tenemos que el Impuesto a los Ingresos Brutos –que tuvo una fuerte modificación en diciembre y que según el Gobierno de Entre Ríos descenderá su peso sobre las Pymes en 2018-, logró una recaudación total de $8.430 millones, con un incremento interanual del 45% y representando el 59% de todo lo percibido por ATER, dos puntos más que en el año anterior.

Por su parte el impuesto Automotor consiguió fondos para la Provincia por $1.310,7 millones, un 27% más que el año anterior; el impuesto Inmobiliario llegó a los $2.497.5 millones, un 25% más que 2016, mismo porcentaje de crecimiento interanual que la recaudación por Ley 4035, que totalizó $691 millones.
El otro apartado que consiguió un crecimiento extraordinario en la recaudación fue el impuesto a los Sellos que pasó de $610,3 millones en 2016 a $1.136,7 millones en 2017, nada más que un 88% de incremento interanual. Nuevamente: ¿Todos esos recursos se pierden en rentas generales para sostener solamente el peso del Estado?

Impuestos implícitos en servicios y bienes
No solamente en los tributos directos los diferentes estamentos del Estado recaudan. Cada vez que cargamos un litro de nafta, el 41% de ese monto son impuestos. Eso significa que al mes de junio de 2017, cuando el litro de nafta costaba $18,43 (en dólares eran U$S 1,14), el combustible tenía un valor de $13,07 y los impuestos explicaban los $5,36 restantes. Tan solo ocho meses después –a fines de febrero de 2018- el precio de la nafta súper en Buenos Aires se encuentra a $24,39. De vuelta, $17,30 de combustible más $7,09 de impuestos. Sube el producto, suben proporcionalmente los recursos para el Estado. En los 8 meses que vimos, las naftas subieron un 33%, al igual que los impuestos que llevan dentro. Y no nos detendremos en por qué es más caro ese mismo combustible en Entre Ríos con un costo de $27,17.
La misma situación sucede con cigarrillos, bebidas alcohólicas, telefonía celular, etcétera.
En los servicios públicos la situación no varía, más bien se agrava.

Nadie puede negar el atraso de tarifas que hubo durante la “década ganada”, así como nadie podía discutir el subsidio que hacía el “interior” a la ciudad de Buenos Aires en esas mismas tarifas. Sin embargo, si bien las subas han sido importantes en todo el país, todavía en el centro neurálgico del país las cosas siguen siendo más baratas.

¿Era necesario subir la tarifa eléctrica y de gas? Sí, porque en realidad la pagábamos mediante subsidios y consumíamos sin ningún tipo de responsabilidad. Ahora que cuesta, comenzamos a mirar cómo optimizar cada uno de estos servicios y volvemos a ser ciudadanos cuidadosos del recurso –que no sobra en el país.

¿Podría ser menor la suba del precio final? También. Y acá está el punto que queremos ver. Como en los combustibles que vimos, en la tarifa eléctrica –que ya tiene varios impuestos implícitos en su complejo cálculo- solo la mitad del monto total de la factura final corresponde al servicio eléctrico. El otro 50% está integrado por tasas que agrega cada municipio, otro la Provincia y otros para Nación. Entre los tres estamentos se llevan la mitad de lo recaudado a través de esa boleta. Esas tasas, contribuciones, fondos específicos e impuestos se incrementan de la misma manera que la recomposición tarifaria. Y otra vez: Sube el servicio, suben proporcionalmente los recursos para el Estado. ¿Hasta cuándo?

El peso del Estado
El pasado 20 de febrero, Roberto Cachanosky (economista) escribió un artículo en Infobae titulado “La Argentina rumbo al final de la Rebelión de Atlas”, donde se pregunta qué ocurriría con el sector productivo que genera riqueza, si éste se retirara del mercado. Y a partir de ahí analiza el peso que soportan quienes producen para sostener el peso del Estado. En el artículo no falta la comparación cierta con el proceso que está viviendo Venezuela.

Cachanosky escribe que “un Estado con exceso de regulaciones e injerencia en la vida privada genera compulsivas redistribuciones de ingresos y riqueza; ahoga al sector privado con carga impositiva; y, en definitiva, castiga al sector productivo de la economía para beneficiar a un sector amplio de la sociedad transfiriéndole ingresos que no les corresponde” (…) ¿cómo harían los políticos populistas para sobrevivir si no cuentan con un sector productivo al cual extraerle la riqueza y calmar al resto de la población? (…)Si uno mira los datos de la cantidad de gente que regularmente pasa todos los meses por la ventanilla del Estado a cobrar uno o varios cheques, se cae de espaldas.

A partir de ahí el autor de la nota comienza a describir cuántos son los diferentes beneficiarios de fondos públicos en todas sus dimensiones: “Tenemos 6.864.522 jubilados y pensionados, incluyendo los casi 3,5 millones de jubilaciones que alegremente otorgó el kirchnerismo sin tener los años de aporte. Obviamente que como es un sistema de reparto y no de ahorro previo, los contribuyentes tienen que hacer frente a ese costo. La Asignación Universal por Hijo tiene 4.100.000 beneficiarios según el último presupuesto. A esto hay que agregarle otros 3,1 millón de beneficiarios de ayuda escolar y 168.000 beneficiarios de asignación por embarazo. Las pensiones no contributivas son otro gran grupo de personas que reciben dinero del contribuyente. El número mayor está en las pensiones por invalidez, algo más de 1 millón de personas, partiendo de los 81.000 beneficiarios que recibió el kirchnerismo en 2003. Luego tenemos una serie de programas "sociales" como Progresar, Proyectos Productivos Comunitarios, Pensión Universal para Adultos Mayores y sigue el listado. En total, sin incluir las asignaciones familiares, hay 17,5 millones de personas que recibe algún tipo de cheque del Estado sin ninguna contraprestación en los 58 programas "sociales" a nivel nacional. Si a esto le agregamos otros 3,2 millones de empleados públicos nacionales, provinciales y municipales, todos los meses pasan por el bolsillo del contribuyente 20,7 millones de "beneficiarios". No estoy contando en los beneficiarios de planes sociales los planes sociales provinciales y municipales”.Todo ese peso del Estado, debe ser sostenido con los fondos que genera el sector privado.

Explica Roberto Cachanosky: “¿Cuántos trabajan en el sector privado? Considerando los que están en relación de dependencia, monotributistas, empleados domiciliarios y autónomos, suman 8,8 millones de personas registradas. De manera que 8,8 millones de gente que trabaja tienen que mantener a 20,7 millones. Vamos a ponerlo de esta forma, en la Argentina existen todos los estímulos para no producir y vivir del trabajo ajeno y todos los desestímulos posibles para desalentar la inversión, el trabajo y el desarrollo de la capacidad de innovación. El que hace todo esto sabe que va a ser expropiado por el Estado en el fruto de su trabajo para transferírselo a quienes no producen, dado el modelo de competencia populista que impera en Argentina.

La reflexión final del autor es sumamente dura y preocupante. “Cada vez más gente busca otros destinos para vivir donde el Estado no los expolie. Se invierte mayormente en el exterior y la economía se va apagando por el peso del Estado. Basta con ver un resumen de cuenta bancario y uno advierte el dinero con el que se queda el Estado. El Estado le mete la mano en la cuenta corriente del contribuyente al igual que un ladrón roba. Mi gran duda es si, más allá del debate del grado de gradualismo, la economía puede crecer para licuar el peso del Estado sobre el sector privado. Francamente dudo que eso vaya a ocurrir porque no están dadas las condiciones para un crecimiento vigoroso de la economía. O, si se prefiere, el Estado termina destruyendo al pequeño sector privado que va quedando y que hoy tiene que mantener a 20 millones de personas que mensualmente pasan por las ventanillas del estado a cobrar su cheque. Por eso la competencia populista hoy paga. Pierdo el voto de 8,8 millones de gente laboriosa y gano el voto de 20,7 millones que viven de la gente laboriosa. La pregunta es: ¿qué va a ocurrir con los 20,7 millones que viven del trabajo ajeno, cuando ya casi no quede nadie dispuesto a ser expoliado por el estado? ¿Qué van a repartir los políticos? Claramente el problema económico argentino es cultural, entiendo por cultural la existencia de valores que imperan en la sociedad que se traducen en normas, leyes, códigos, etcétera que atentan contra el innovador en beneficio del vividor”.
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