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Actualidad

12/07/16

Hola… hola… hooolaaaaa!!!

Nota de la edición de junio de la revista X-Más. A pesar de tener una Ley impecable en Entre Ríos, el Estado no avanza en controlar para prevenir problemas de salud y ni siquiera para mejorar las comunicaciones. Los dos objetivos de la Ley
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Entre Ríos es pionera y referente Nacional en materia de regulación de estructuras de radiocomunicaciones y antenas, sin embargo, cada ciudad de la provincia tiene su propia ordenanza que va desde el libre albedrío en la materia hasta la prohibición total. En el medio, todos queremos (y no podemos) comunicarnos. Lo que hay que saber para cuidar la salud y tener antenas para que todos ganemos.

En el mes de agosto de 2015 –y en medio de las elecciones de primera vuelta-, la Legislatura de Entre Ríos sancionó por unanimidad la Ley 10.383 de Regulación de Estructuras, Soportes de Sistemas de Radiocomunicaciones, Antenas e Infraestructuras Relacionadas siendo la primera de su tipo en todo el país.

La legislación surge después de casi tres años de trabajo mancomunado entre todos los actores necesarios para lograr una norma que cumpla con los aspectos que el tema requiere, teniendo la opinión y participación de ingenieros de diversas especialidades, entidades ambientalistas, medios de comunicación y compañías de telecomunicaciones. Es una ley modelo y la primera en su tipo en el país y fue apoyada en su totalidad por lo que hoy es el Ente Nacional de las Comunicaciones (ENACOM).

La idea original era darle al Estado una clara herramienta de control frente a la instalación de equipos de comunicaciones, con la cual los municipios puedan adherir y realizar las habilitaciones y controles necesarios para que la ciudadanía esté tranquila en los tres aspectos fundamentales del uso de antenas: la obra civil para la instalación de la infraestructura portante, la seguridad de la instalación eléctrica y sus medidas preventivas y, por último, pero no menos importante, el control de las emisiones no ionizantes y su impacto en la salud. Esos tres aspectos son las claves para garantizar el funcionamiento adecuado protegiendo a la sociedad y sentando las bases para lograr, de una vez por todas, mejores comunicaciones.

Antenas en todos lados
Una antena es un dispositivo (conductor metálico) diseñado con el objetivo de emitir y/o recibir ondas electromagnéticas hacia el espacio libre. Una antena transmisora transforma energía eléctrica en ondas electromagnéticas, y una receptora realiza la función inversa. Existe una gran diversidad de tipos de antenas. En unos casos deben expandir en lo posible la potencia radiada (ejemplo: una emisora de radio o una estación base de teléfonos móviles), y otras deben ser directivas para canalizar la potencia en una dirección y no interferir a otros servicios (antenas entre estaciones de radioenlaces).

Las antenas las encontramos en todos los órdenes de la vida moderna, desde el celular que portamos, el infrarrojo del control remoto, el router que distribuye la señal Wi Fi en el hogar, el auto que conducimos, los equipamientos médicos de un hospital, las radios FM y AM y la telefonía que brinda el servicio (mal). Todas tienen emisiones no ionizantes, las cuales están perfectamente reguladas por la Resolución 202/95 del Ministerio de Salud de la Nación y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, de acuerdo a las recomendaciones de los niveles que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Cada vez con más frecuencia las antenas son partes de nuestras vidas, y la tendencia es creciente.

En gran medida el desconocimiento en el tema y la falta de legislación llevó a las autoridades de varias ciudades a prohibir la instalación de antenas (refiriéndose generalmente a las de celulares y ayudando a empeorar un servicio que de por sí es ineficiente), pero mirando hacia otro lado cuando las antenas que se siguieron instalando pertenecieron a medios de comunicación, televisión pública o, incluso, fuerzas de seguridad. El vacío legal permitía cualquier cosa. Y el desconocimiento social de la normativa vigente lo sigue haciendo hoy.

Sin conocimiento no hay control
El Estado Provincial no tiene idea de cuántas antenas y de qué tipo existen hoy en su territorio (sucede lo mismo en todo el país). Al existir un vacío legal, la declaración de la construcción de una infraestructura para portar una antena dependía de las ordenanzas de cada ciudad. Fuera de los ejidos urbanos era libre albedrío.

Una estimación “a ojo” de quienes conocen el tema, cuentan solo para ilustrar que en el territorio provincial podría haber unas 1.800 grandes estructuras solamente de las compañías de celulares; en Paraná existen unas 200 antenas entre las radios AM y FM, y los canales de televisión, a las que habría que sumarles unas 1.000 antenas más de empresas privadas de todo tipo… y podemos seguir contando. La zona más comprometida son las manzanas del centro cívico donde conviven tres de medios de comunicación, todas las de Casa de Gobierno, la policía, la justicia y el Consejo General de Educación. Solo basta levantar la vista y asusta.

“Hoy en día los problemas más graves que presentan las antenas para la salud de las personas –contrariamente a lo que mucha gente cree-, no es la emisión de ondas, sino que se caigan”, dice con autoridad Alejandro Dachary, miembro del Directorio del Colegio de Ingenieros Especialistas y uno de los impulsores de la norma. “Con las últimas tormentas de febrero, marzo y abril la cantidad de antenas que cayeron en Entre Ríos tuvieron solo importantes daños materiales, pero cualquiera de esos siniestros pudieron terminar en tragedia. Al no estar reglamentada la instalación, nadie controló nunca las estructuras portantes de las antenas ni las obras civiles necesarias para levantarlas. Los vientos fuertes y las tormentas se encargan de comprobar constantemente esa verdad”.

La Ley 10.383 otorga a los municipios –quien en última medida posee el poder de policía- los criterios que se deben cumplir para la instalación de una infraestructura portante, las revisiones periódicas que deben efectuar a las emisiones de ondas no ionizantes, las modificaciones que pudieran sufrir y el desarme en caso de quedar obsoletas. La Ley no legisla sobre el espectro radioeléctrico que es potestad de la Nación y eso sí ya estaba normado. Pero sí habilita a la autoridad de control (municipio en un ejido, Ente provincial en el resto del territorio) a exigir periódicamente los informes técnicos sobre las emisiones de ondas para tranquilidad de toda la sociedad.

Momento de ordenar y mejorar
Desde su entrada en vigencia en el mes de agosto de 2015, la Ley estipula un plazo de 24 meses para la regularización de todas las antenas ubicadas en el territorio provincial. Simultáneamente, en esos primeros 90 días (entre septiembre y noviembre de 2015) todas las antenas instaladas debieron inscribirse en el Registro para comenzar los trámites. Sobran los dedos de las manos para contar cuántas lo cumplieron.
El ingeniero Gabriel Benavidez, otros de los profesionales del Colegio de Ingenieros Especialistas que participaron en la elaboración de la norma, explica que “en el plazo hasta agosto de 2017 cada empresa, medio de comunicación, radioaficionado, compañía telefónica, entre tantas otras, deberán adecuarse a la normativa: presentar las medidas de cálculo de las estructuras portantes, los planes de mantenimiento, la cantidad y diversidad de antenas que soportan, certificados de instalaciones eléctricas, pararrayos y las condiciones de emisión de ondas, frecuencias y potencias que emiten, con el certificado de habilitación de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Y esto repetirlo anualmente o cada vez que la infraestructura sea modificada (no es lo mismo tres antenas en una estructura que diez), y lo más importante: a quién pertenecen, para fijar la responsabilidad social de la misma”.

Paralelamente cada municipio debe adherir a la Ley Provincial o sancionar su propia ordenanza para modificar el panorama que rige en cada ciudad, y legislar en el mismo sentido de la Ley unificando los criterios. Es importante destacar que la regularización de las antenas aportará a las arcas alicaídas de los municipios, porque los habilita a cobrar tres tasas: la habilitación de la infraestructura, la tasa comercial por su explotación y una tasa por inspección. Hoy, al no estar declaradas, la gran mayoría no tributa.

La ciudad de Concordia es la única que adhirió a la Ley. Varios municipios están estudiando su implementación.

En el caso de nuevas infraestructuras para antenas deben cumplir con cada uno de los requisitos estipulados por la Ley para su instalación.

La norma está, pero el control…
La Secretaría de Telecomunicaciones de Entre Ríos es el organismo encargado de hacer aplicar la Ley. Si bien hay intenciones de hacer las cosas correctamente, sorprende la falta de iniciativas para apurar controles y terminar cuanto antes una de las partes más importantes que surgirán en el proceso: saber cuántas antenas hay, qué y cómo están emitiendo. Eso aportará primero a la salud y tranquilidad de la población, segundo al orden, y tercero a mejorar el servicio de las comunicaciones.

Al Estado no le falta gente. Le sobra. Solamente hay que reestructurar y disponer de recursos en las áreas que lo necesitan. Incluso en estas épocas, el Estado debería disponer los recursos para adquirir equipos y salir a censar las antenas que se hayan declarado y –principalmente- aquellas que no lo han hecho aún, además de realizar controles sobre las emisiones no ionizantes que cada una de ellas están produciendo. Porque llegará agosto de 2017 y solamente existirá lo declarado –quedando sin saber nada sobre las estructuras que no lo hicieron y seguramente esas serán las que presenten los mayores problemas para su habilitación, incluso sin conocer a quién pertenecen.

Entre Ríos dispone de una herramienta modelo para el país, a la cual la están consultando desde las principales ciudades para copiarla e impulsarla en sus jurisdicciones. El avance tecnológico es una constante y la comunicación hoy es un servicio estratégico para cualquier sector. No podemos hacernos los distraídos, quedarnos en el tiempo y perder la ventaja competitiva que hoy tenemos.

Es un instrumento indispensable que mejorará las comunicaciones y facilitará la combinación de la nueva tecnología 4G con la fibra óptica tendida en todo Entre Ríos, y que se potenciará con la instalación de la “última milla”, cuando se pueda encender (tema que desarrollamos ampliamente en el pasado número de X-Más).

Hoy la comunicación es tan indispensable como la buena salud de la sociedad. Y sobre lo mejor para ambos aspectos se refiere la Ley.
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