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Actualidad

28/05/14

Manteros y saladitas: un fenómeno difícil de controlar sin verdadera voluntad política

La proliferación de la modalidad de venta en "saladitas" y puestos ambulantes en los lugares con mayor concentración de gente ponen en riesgo la continuidad del movimiento comercial formal y todos los puestos de trabajo que el sector genera
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La proliferación de la modalidad de venta en ferias tipo "saladitas" y puestos ambulantes en los lugares con mayor concentración de gente ponen en riesgo la continuidad del movimiento comercial formal y todos los puestos de trabajo que el sector genera. Competencia desleal con precios más bajos producto del "mercado negro", falsificación marcaria e inexistencia de aportes impositivos o gastos de alquiler potencian una modalidad que si no se la controla en forma coordinada con los diferentes estamentos estatales, difícilmente pueda ser erradicada.

El contexto nacional
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) es una de las entidades que más fuerte y con los mayores argumentos viene luchando contra el comercio ilegal en Argentina, que en vez de retroceder, se potencia mes a mes y se convierte en un fenómeno que mueve más de $2.000 millones por mes, los cuales -obviamente- no tributan impuestos, en un contexto económico complicado y donde las ventas minoristas disminuyeron en el mes de abril un 7,5%.

CAME a través de Cámaras de Comercio, Asociaciones, Centros Comerciales, Uniones, y Federaciones Económicas de cada municipio realizó un relevamiento entre el 26 de diciembre de 2013 y el 31 de enero de 2014 con la situación de la venta ilegal. Incluyó las 23 provincias Argentinas con sus principales distritos comerciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se cubrieron en total 378 ciudades. En esas localidades relevadas, se detectaron "saladitas" en 111.

Con los resultados cuantitativos obtenidos se confeccionó el "Mapa de la Ilegalidad"que se refiere solo a las ciudades donde se detectaron "saladitas"instaladas, dejando afuera aquellas localidades donde solo se registran manteros, que son la mayoría. A su vez, tampoco se incluyeron ni se computaron aquellas ciudades que cuentan con modalidades de ventas que son variantes de "saladitas".

En el relevamiento pueden faltar localidades y es probable que la cantidad de "saladitas"sea superior. Hay ciudades que cuentan con ferias artesanales que combinan artesanías con reventa de productos típicos de "saladitas". También hay muchas ciudades del país donde, si bien no hay "saladitas", abundan los manteros en la vía pública. Esos puestos de ventas no han sido incluidos dentro del informe, al igual que los lugares donde se está expandiendo un formato similar que son locales que agrupan dentro, en forma disimulada, vendedores de todo tipo. Esta es una forma encontrada sobre todo en ciudades que han impedido la instalación de "saladitas".

El informe de CAMEobservó un crecimiento firme en la venta ilegal, que se acentúa en las ciudades con escasos controles. En las 111 ciudades invadidas por la ilegalidad donde se detectaron "saladitas" se encontraron además 15.179 manteros, lo que completa un caudal de al menos 51.569 vendedores ilegales, y entre ambos sistemas mueven $1.784 millones en forma mensual. La millonaria facturación se divide en $1.310 millones en el sistema de "saladitas" y $474 millones en los vendedores ambulantes con puestos fijos en vía pública("manteros").

Las ciudades con mayor cantidad de "saladitas" en enero fueron: Ciudad de Buenos Aires con 116 establecimientos, Córdoba capital con 25, Mar del Plata con 24, el Partido de La Matanza con 20, el Partido de Moreno con 15, Salta capital también con 15, San Salvador de Jujuy con 12 y San Miguel de Tucumán con 11. De todos modos, hay que tener en cuenta que por la facilidad para montar y desmontar los puestos, es posible que algunas "saladitas"hayan cerrado en enero para trasladarse a localidades de mayores ventas.

En promedio, en las ciudades con "saladitas"se registró en el relevamiento 1 puesto de venta ilegal cada 403 habitantes, mostrando un deterioro en la penetración de la ilegalidad frente a la medición anterior (en julio 2013 había 1 puesto cada 484 habitantes), y dejando en evidencia que la ilegalidad en algunas localidades es muy grave.

El informe de CAMEdestaca situaciones observadas en diferentes ciudades y que pueden dar pautas de acción, entre ellas en:
Trelew (Chubut), si bien los controles siguen siendo insuficientes, la policía viene actuando más intensamente y eso permitió reducir la cantidad de puestos en las calles.

Gualeguaychú (Entre Ríos), en 2013 se logró una ordenanza que prohíbe la instalación de "saladitas". Esa medida se tomó luego del anuncio de la posible instalación de una en Pueblo Belgrano.

Río Grande (Tierra del Fuego), se eliminó la saladita que había en la ciudad. Ahora resta combatir a los manteros, que también abundan.
Carcarañá(Santa Fe), se impulsaron ordenanzas para controlar la venta ilegal y hay un número de teléfono gratuito de 3 dígitos para llamar y denunciar cuando se detectan vendedores ilegales.

Corrientes (toda la provincia), se sancionó una Ley de Protección que prohíbe la instalación de ferias como La Salada, y la mayoría de los municipios adhirió. En Corrientes capital a partir de esas normativas se redujo considerablemente la cantidad de manteros.

Neuquén (capital), se puso en vigencia una ordenanza que genera mayor control a la venta ilegal. Desde entonces se observan notables mejoras, aunque aún falta mucho control para eliminar definitivamente la ilegalidad en esa ciudad.

Esquel (Chubut) el municipio lleva un control de ingreso y salida de mercadería a cargo de la Policía provincial y Gendarmería. A su vez, en la terminal de ómnibus hay un scanner portátil para control. A eso se suma que la Dirección de Comercio y la Cámara de Comercio de la ciudad trabajan en conjunto para cumplir con el objetivo de reducir la venta ilegal.

Basavilbaso (Entre Ríos), las cámaras locales y el municipio trabajan en conjunto y articuladamente en controlar la venta ilegal. Por ejemplo, frente a un llamado de un comerciante por la llegada de un vendedor ambulante, automáticamente la cámara de comercio local llama a la Municipalidad y éstos actúan expulsándolos.

El informe completo de CAME demuestra el crecimiento de la venta ilegal y la concordancia de ese incremento con la falta de medidas gubernamentales y decisiones políticas firmes para frenar el comercio ilegal.

El costo de estar en regla
La contracara del comercio ilegal es, obviamente, el legal. Y como es lógico, los comerciantes registrados e instalados que cumplen con cada una de las normativas vigentes son los principales damnificados y quienes más se quejan (con toda la razón) para que el Estado cumpla con sus obligaciones.

En cada una de las principales ciudades del país, las peatonales son consideradas las "mecas" para cualquier comerciante. Todo aquel que inicia una actividad comercial sueña con instalar su negocio en el circuito de mayor tránsito de la ciudad.

Si tomamos los precios corrientes en la capital de la provincia de Entre Ríos, el alquiler de un local comercial promedio con cinco metros de frente en las dos principales cuadras de la peatonal no baja de los $30.000 por mes (un prorrateo de $2.000 por día). El centro comercial a cielo abierto de Paraná tiene un promedio de 28 locales habilitados por cuadra, y con cinco cuadras comerciales totales, la peatonal de la capital provincial posee 140 lugares para que los comerciantes puedan desarrollar su actividad.

En ese mismo espacio, pero en el centro del paseo público, diariamente se instalan entre 40 y 50 puestos ambulantes conocidos como "manteros" que pueden variar sus mercaderías de acuerdo a la época del año o el lugar en donde se instalen. El problema se agrava los fines de semana y principio de mes, cuando no falta nadie y se han llegado a contar unos 80 puestos ilegales ubicados en plena peatonal. Además de esas cantidades ya extremas, hay que considerar que la ubicación de los mismos se hace principalmente en las dos cuadras de mayor flujo de gente, donde se instala el 75% del total de puestos.

El costo de alquiler de un local comercial no debería superar el 10% del total de la facturación de un comercio, sin embargo, en los últimos años la variación del precio de las propiedades en algunos casos, hace que ese porcentaje sea aún mayor. Además del alquiler, un comerciante debe pagar el sueldo a sus empleados. Para un local que estamos tomando de referencia de 5 metros de frente se necesitan por lo menos cuatro personas. El costo de cada empleado contabilizando sueldo, sin antigüedad, con los aportes patronales y seguros (sin comisiones) ronda los $ 14.000. Cuatro empleados serían $52.000 que se suman a los $30.000 del alquiler.

Cada uno de los locales comerciales de la peatonal -y de cualquier lugar de la ciudad- debe contar con una serie de elementos y habilitaciones que dependiendo del rubro del que se hable, puede ser más o menos complejo su cumplimiento. Lo cierto es que el municipio cobrará una multa o no permitirá su funcionamiento si esos requisitos no son cumplidos. Al costo que insume poner un local en regla hay que sumar el tiempo que eso implica, tanto en obra en el local como en la burocracia de habilitaciones, que cada vez son más engorrosas, lentas e ineficientes.
De más está decir que para instalar una manta en la peatonal y distribuir la mercadería el trámite es más sencillo.

Todavía no hemos contabilizado los impuestos. Tributo indispensable para convivir en sociedad y sostener un Estado protector como el que tenemos. Sin entrar en la carga tributaria total que hoy supera el 40%, la provincia se lleva el 4% de la facturación de un comercio y el municipio, a través de su Tasa (impuesto) de Higiene y Profilaxis recibe el 1,2% de la facturación más el 20% para destinarlo al desarrollo turístico de la ciudad, lo que hace un total del 1,5%. Entre ambos, el comercio tributa el 5,5% de su facturación.

A la enumeración de los costos básicos para tener un local comercial abierto hay que sumar todavía el resto de los costos fijos: luz, gas, agua, internet y una cantidad de etcéteras.

Por último, y lo más importante, el costo de la mercadería que se va a poner a consideración de los clientes, que ya trae inserto en su precio todos los costos antes mencionados que tienen las industrias o la importación.

Con todo eso vigente mes a mes el comerciante abre sus puertas. Cuando lo hace, encuentra en la vereda frente a su local, la misma mercadería (pero "trucha") a la mitad de precio. Tiene motivos para enojarse.

Reclamos y falta de respuestas
Desde los Centros Comerciales se vienen haciendo hace años reclamos a las autoridades competentes con pocos resultados. Municipio, policía, aduana, gendarmería y hasta la propia AFIP han recibido notas y denuncias oficiales para que tomen cartas en el asunto. Nadie da respuestas de fondo. Esporádicamente algún operativo se lleva adelante más para las cámaras de los medios que para encontrar soluciones.

El municipio argumenta que no tiene el apoyo de la policía de la provincia y que los inspectores son golpeados y amenazados con armas de fuego. La policía federal pidió una denuncia formal con nombres y apellidos de los denunciantes y los cargos que ostentaban al frente del Centro Comercial, que se hizo, pero que hasta ahora no ha tenido ninguna respuesta.

El tema, al ser tan público y ocurrir en los lugares de mayor tránsito de gente en las horas más importantes del día, no es un misterio para nadie. Ninguna de las instituciones públicas puede argumentar desconocimiento. Incluso es imposible aducir que no se conoce cómo funcionan los mal llamados "vendedores ambulantes", ni de dónde proviene la mercadería, ni la cantidad de ilegalidades que asume toda esa cadena.
La situación ha llegado a tal extremo en la ciudad de Paraná, que en el mes de abril ex-manteros de la peatonal que fueron reubicados en el nuevo "mercado de pulgas", cortaron calle Perú y quemaron cubiertas en protesta porque quienes actualmente ocupan el espacio público podrían ser trasladados también al "mercado de pulgas" y ocuparían mejores espacios que quienes están hace un par de años.

Cuando un comerciante pierde la paciencia y quiere echar algún "mantero"del frente de su negocio, la policía actúa frenando al comerciante, no sacando al mantero. Cualquier persona que quiera documentar la situación, sacar fotos, quejarse o interpelar a alguno de los puestos ilegales recibe generalmente algún tipo de agresión. El miedo se apoderó de la situación.

Responsabilidad de todos
No caben dudas que las autoridades son los principales responsables de controlar la situación. Pero no podemos hacernos los distraídos los ciudadanos y debemos reconocer nuestra pequeña (o gran) participación. Nada de esto ocurriría si cada uno de nosotros tuviera la responsabilidad de comprar en lugares habilitados. Si cada uno entendiera que los precios son más baratos porque hay una cadena de ilegalidad que se extiende por un largo camino y que incluye, desde un altísimo nivel de corrupción hasta trabajo esclavo.

Hacerse los distraídos ya no es alternativa. Es un problema que se agrava diariamente. Posponer medidas solo perjudica a ambas partes. Es necesaria una discusión madura y responsable de todos los actores, para entender posturas y encontrar alternativas mientras estén al alcance. El diálogo y la negociación son los únicos caminos posibles para un problema que crece en Argentina y también en el mundo.
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